En los últimos años ha habido una tendencia creciente de las compañías a ampliar la información relativa a la transparencia y la sostenibilidad, motivada principalmente por la demanda de información transparente, comparable y precisa por parte de los inversores, la sociedad en general y sus diferentes grupos de interés. Un ejemplo son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sobre los cuales muchas compañías trasponen su planificación estratégica.
Reflejando esta demanda social y realidad empresarial, en diciembre 2018 se aprobó la nueva Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, modificando a su vez otras leyes y normativas. Esta Ley es de aplicación inmediata, afectando a la presentación de cuentas anuales y resultados del ejercicio 2018. El Institut Cerdà ya está acompañando a diversas empresas a elaborar los contenidos a incluir en los informes para su posterior auditoría, entre los que se encuentran cuestiones ambientales, sociales y laborales, de derechos humanos, y medidas contra la corrupción, entre otros aspectos.
El ámbito de aplicación de la Ley afecta a empresas que cuyo nº medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500, y que, o bien sean consideradas entidades de interés público, o que durante dos años consecutivos, cumplan dos de las siguientes condiciones: suma total de las partidas del activo superior a los 20M€, importe neto de la cifra anual de negocios superior a los 40M€, o que el nº de trabajadores empleados sea superior a 250.
Por otro lado la Ley marca un periodo de transición para empresas de menor tamaño, estableciendo que tres años después de la entrada en vigor de la ley estarán también bajo su ámbito de aplicación las empresas con más de 250 empleados, o que, o bien sean consideradas entidades de interés público, o que durante dos años consecutivos, cumplan una de las siguientes condiciones: suma total de las partidas del activo superior a los 20M€, o importe neto de la cifra anual de negocios superior a los 40M€.
Concesiones, peajes, mantenimiento ¿quien paga?