Carlos Cabrera, director general
Es una evidencia que, en diferentes sectores y ámbitos, la sociedad en general se está posicionando en contra de proyectos, servicios, modelos y fórmulas promovidas desde el sector privado y que hasta ahora contaban con el beneplácito inicial del sector público e incluso con su implicación. Sin ir más lejos un ejemplo de ello lo encontramos en la implantación de proyectos de energía renovable, en el desarrollo de infraestructuras eléctricas o en modelos de gestión del ámbito público que se traspasan al sector privado (gestión de servicios esenciales).
Hasta ahora las empresas y las organizaciones han dirigido sus esfuerzos a explicar su versión a los diferentes interlocutores ante el rechazo social, desde una óptica propia y sin profundizar en el porqué de ese rechazo. Conceptos como el de la especulación, el de los excesivos beneficios, y el de intereses lejanos a la comunidad triunfan entre los movimientos sociales y se convierten en argumentos muy difíciles de rebatir. Al mismo tiempo, las administraciones ceden fácilmente ante las presiones sociales y ante el circuito ya clásico de la oposición: creación de plataformas o asociaciones, búsqueda de complicidades políticas y mediáticas, elevación de la oposición a instancias europeas pidiendo la derogación de proyectos o fórmulas de gestión de servicios, recogida global de firmas y apoyos y, finalmente, victoria.
Las dinámicas empresariales no saben cómo reaccionar ante ese alud de movimientos y oposiciones y ante la debilidad de las administraciones y de los representantes políticos y, ello conlleva el riesgo latente de dejar en una posición muy delicada al sector privado y a sus iniciativas. No entendemos qué pasa y no sabemos cómo afrontarlo. No en vano, seguramente, vivimos los momentos más complejos de la historia reciente en lo que se refiere a bajos niveles de reputación y falta credibilidad de las organizaciones.
Muy pocos se plantean que la clave no radica únicamente en explicarse mejor o en dorar con argumentarios más o menos bien hechos una acción o actuación que ya no convence a casi nadie, sino que deberemos aprender a ponernos en el lugar de la sociedad, a escuchar atentamente qué nos están diciendo y a entender lo que nos dicen. Y básicamente, llegaremos a una conclusión: hoy ya no es posible realizar ninguna actividad ni ninguna acción en el territorio si esta no pasa por tres conceptos básicos; por la transparencia en todo el proceso de desarrollo, especialmente al inicio de cada proyecto, por aclarar cuál es el beneficio de nuestra actuación real para el territorio y sino habrá que generarlo y por último, por relacionarse con ese territorio desde el minuto uno y no únicamente con aquellos a los que consideramos próximos o afectados.
Los proyectos, los servicios y las infraestructuras promovidas por el sector privado y en algunos casos, fruto de la necesaria colaboración público-privada requieren de ese cambio cultural, de explicarlos y de analizarlos desde abajo y no desde arriba, desde la persona del territorio y no desde la sede central de la gran corporación. No existe una fórmula mágica, únicamente aprender a incorporar los conceptos transparencia, beneficio social e integración con el territorio.
En algunos casos, esa fórmula llega tarde porque el posicionamiento social ya es demasiado maduro y ya no es posible modificarlo. Lo vimos en la gestión privada de las autopistas o en algunos servicios que han vuelto a la gestión pública después del rechazo a la intervención empresarial. Pero a pesar de ello, aún estamos a tiempo de cambiar culturas, modelos y formas y de entender que el beneplácito social hoy se consigue escuchando, relacionándose y buscando beneficios para la comunidad.
