Concesiones, peajes, mantenimiento ¿quién paga?

Julián Arenas Illa - Director de Innovación y Transporte / Logística

Es de todos sabido que algunas concesiones de vías de comunicación están llegando a su fin. Y según parece, la intención de la administración es no prorrogar o renovar dichas concesiones. Hasta la fecha no hemos oído justificaciones o explicaciones más detalladas. En cualquier caso, se tome la decisión que se tome, esta situación requiere preparación y planificación, y no poca, y no hay lugar ni tiempo para improvisaciones. Los procesos administrativos, al ser muy garantistas, siempre consumen tiempo, sobre todo los complejos que requieren trabajos jurídicos y financieros. Entiendo que en la administración están ya efectuando la planificación de las actuaciones necesarias para aplicar las soluciones en el tiempo requerido, que además deben forzosamente tener un amplio consenso social.

Los términos prorrogar o renovar concesiones parecen proscritos, posiblemente sin mucha base argumental sólida. Seguramente no ayuda el hecho que históricamente se haya recurrido a la prórroga en algunas vías para facilitar nueva inversión, necesaria e imprescindible a medida que madura la infraestructura (carriles adicionales, ramales de acceso, etc.). Esto ha permitido a las administraciones cierta simplicidad administrativa en las actuaciones, y por qué no decirlo, acceso a financiación fuera del entorno público. La razón es que la financiación proporcionada por el concesionario no computa como deuda pública. Además, permite resolver un conflicto complejo: cómo actuar en una infraestructura concesionada. El inconveniente es que las condiciones están prefijadas en el contrato existente, algunos que datan ya de muchos años, por lo que este tipo de actuación no siempre resulta ser la más ventajosa para la administración.

Pero, ¿cuál es realmente el problema? Cuando nuestros gobernantes afirman que no se renovarán las concesiones, la inmensa mayoría piensa, pensamos, que se suprimirán los peajes existentes. Y posiblemente sea cierto, pero hay que tener en cuenta un aspecto fundamental: el importe del peaje permite financiar no sólo la amortización de la inversión, sino también los costes de mantenimiento y reposición que la infraestructura necesita para garantizar la seguridad de los usuarios. Esto significa que, si se suprimen los peajes existentes una vez finalizada la concesión, alguien tendrá que financiar esos costes, y si se opta por esta solución, ese alguien no puede ser otro que los fondos públicos. Es decir, que las administraciones deberán dedicar presupuesto adicional para ello, en detrimento de otras partidas presupuestarias, que se antojan prioritarias. No hace falta recordar aquí el estado de financiación de las administraciones para poner de manifiesto que no es la solución óptima desde el punto de vista social, ni por supuesto desde el económico.

Quizás la solución más razonable y sostenible, pero también poco debatida, sería la de mantener el sistema actual de concesionarios, puesto que su eficacia y su contribución al desarrollo del país está fuera de toda duda. Los peajes, eso sí, serían a la baja, por el importe correspondiente a las partidas de mantenimiento y reposición. De esta manera, no se afecta a los presupuestos públicos, y además la infraestructura es sostenida por aquellos que la usan. Pero esta solución, como cualquier otra, también requiere preparación y amplio consenso por parte de la administración.

Queda en el horizonte un problema endémico por resolver, que parece enquistado probablemente por falta de valentía: aplicar una armonización en el sistema de peajes. Es decir, establecer peajes, si se quiere llamar “blandos”, en todas las vías de alta capacidad, de manera que generen suficientes recursos para sufragar el coste del sistema, sin necesidad de recurrir a fondos públicos, como se hace en la actualidad. Todo un reto para nuestros gobernantes, que tarde o temprano se tendrá que abordar.

En todo caso, para garantizar la continuidad necesaria del servicio, esperemos que las diferentes administraciones estén ya planificando y preparando alternativas para esta nueva etapa del sistema concesionado de vías de comunicación.

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